Inmobiliarios afirman que la medida implicaría un colapso en la oferta de alquileres y una masiva migración a la venta de propiedades. Entre...
Inmobiliarios afirman que la medida implicaría un colapso en la oferta de alquileres y una masiva migración a la venta de propiedades. Entre las posibles salidas, el Gobierno estudia una línea de créditos blandos o subsidios para afrontar los alquileres impagos.
A menos de un mes del vencimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (Dnu) que congeló los precios de los alquileres, prorrogó los contratos y dispuso la suspensión de los desalojos, el Presidente Alberto Fernández anticipó que está en estudio la posibilidad de prorrogar la vigencia del mismo, aunque aclaró que todavía no se tomó una decisión definitiva.
"Hay que esperar para tomar una decisión sobre los alquileres", dijo al responder una pregunta en el programa "A Dos Voces" que se emite por la señal de cable TN sobre qué va a pasar con los contratos de locación cuyo congelamiento vence a fin de mes.
"Lo que tienen que saber todos es que vamos a proteger a los sectores más débiles porque no es momento de castigarlos" sostuvo el ejecutivo nacional y agregó que "todos tenemos que hacer un esfuerzo colectivo hasta tranquilizar la economía".
Entre las posibles salidas se estudia una línea de créditos blandos o subsidios para afrontar los alquileres impagos o directamente la prórroga. Al respecto, hay un proyecto de ley presentado en el Congreso por la senadora nacional María de los Ángeles Sacnún para prorrogar en todos sus términos los plazos del Dnu 320 hasta el 31 de marzo de 2021.
Además, el decreto no suspendió el pago de alquileres. Por eso, los que no pagaron durante estos meses acumularon una deuda que deberán saldar a partir de octubre. En ese caso, lo previsto, es que se podrán aplicar intereses compensatorios, pero no podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.
La diferencia entre el monto pactado y el que corresponda pagar por el congelamiento será abonada en hasta seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas, la primera de las cuales debería pagarse con el alquiler correspondiente a octubre.
A favor y en contra
Frente a este escenario distintas agrupaciones de inquilinos le solicitaron al Gobierno un plan de desendeudamiento, además de la prórroga del decreto, "para que nadie quede en la calle" y la normalización de los alquileres "a partir de que el Estado garantice el derecho a la vivienda".
Mientras que, desde el sector inmobiliario adviertieron que una prórroga del decreto implicaría un inmediato deterioro del mercado locativo. "Ante la posibilidad del congelamiento de precios por un año que significaría la ampliación de la vigencia del decreto, se terminaría la oferta", dijo Armando Pepe, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba).
Según el dirigente la retracción de la oferta de alquileres se produciría de inmediato y por otra parte aumentarían los precios entre 20 y 25%. "Hoy por hoy tenemos precios estables y hay mucha oferta", dijo el dirigente al precisar que "en Ciudad hay 8.356 inmuebles para alquilar".
En cuanto a la morosidad, Pepe destacó que "según nuestras encuestas el impago de alquileres está dentro del rango del 15 % en promedio en todo el país en los últimos tres meses, lo que es un nivel razonable".
En tal sentido, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires pidió al Gobierno que no extienda el congelamiento del precio de los alquileres.
Sostuvieron en un comunicado que "la extensión de la normativa implicaría un colapso en la oferta de alquileres y una masiva migración a las operaciones de venta de propiedades", lo cual dejaría "privados a los miles de inquilinos de la oportunidad de tener una vivienda".
José María Sacco, vicepresidente de la entidad, consideró la regulación vigente como una "intromisión del Estado en los contratos entre particulares" y sostuvo que su prolongación "causaría una gravísima situación en el mercado de alquileres".
De esta forma, la entidad adhirió al reclamo realizado previamente a través de un comunicado por el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (Cofeci).
En el documento citado, Cofeci afirmó haber realizado encuestas en todo el país a través de los Colegios Profesionales, que arrojaron "estadísticas bajísimas sobre el incumplimiento del pago de los alquileres de viviendas, como así también, un bajo grado de conflictividad entre las partes".
Por ende, juzgaron "inoportuno una extensión del decreto de necesidad y urgencia, cuando la actividad económica comienza a normalizarse en el país en la mayoría de los sectores de la economía".
Por último, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (Cia) consideraron que el Gobierno debe contemplar la situación de los dos sectores. “Nosotros somos intermediarios y representamos a propietarios e inquilinos. Estamos a disposición para colaborar. En estos meses, logramos llegar a acuerdos entre las partes con un esfuerzo compartido. La mayoría de los inquilinos de viviendas están al día”, destacó Alejandro Bennazar, titular de la Cámara.
