Especialistas dialogaron sobre los alcances de la nueva normativa y el impacto económico de estas modificaciones al Código. Organizado por ...
Especialistas dialogaron sobre los alcances de la nueva normativa y el impacto económico de estas modificaciones al Código.
Organizado por la Universidad Siglo 21, los directores de las carreras de Martillero, Corredor Público y Corredor Inmobiliario, Abogacía y Escribanía se reunieron virtualmente para seguir dialogando sobre la Ley 27.551 que entró en vigencia este mes.
Continuando con el debate generado en torno a la charla virtual “Nueva Ley de Alquileres: Constitucionalidad y efectos en los contratos”, que tuvo su primera convocatoria el pasado 3 de julio, los especialistas dialogaron sobre los alcances de la normativa en cuestión.
En este sentido, Cristian Altavilla, director de la carrera de Abogacía, retomó el debate generado en torno al proceso legislativo a través del que se sancionó la medida. “Analizando ese contexto surgen dos aspectos: si procedería un control de constitucionalidad formal sobre el procedimiento, y la otra cuestión es si su reglamentación es constitucional o no”, según resaltó.
“Cuando se emite el decreto para sesionar de manera online en el Senado, se lo hace bajo la condición de que se trate solamente cuestiones que tengan que ver con la emergencia del Covid-19”, explicó
Altavilla en relación a la manera en que está funcionando el órgano legislativo y que motivó el rechazo por parte del arco opositor a tratar la normativa en la sesión del 11 de junio.
En relación a la charla, el abogado resaltó que “como sociedad democrática tenemos que debatir estas cuestiones y pensarlas a partir de los principios jurídicos que nos rigen como sociedad y poder aportar desde la Universidad a la comunidad en general debates que hacen a la democracia deliberativa a la que aspiramos como sociedad”.
Por su parte, Federico Miguel, director de la carrera de Escribanía, precisó que “en breve vamos a estar viendo el impacto económico de estas modificaciones al Código Civil y Comercial”, y estimó: “Quizás una de las cuestiones que genera mayor duda y que todavía no fue resuelta, es la registración o declaración ante Afip de estos contratos”.
“La nueva ley en sí, refiere a esta obligación de declarar el contrato por parte del locador y también lo puede hacer el locatario y lo que debe verse es que es lo que va a incluir, es decir el detalle del sistema”, señaló Miguel al tiempo que insistió en que queda por verse qué pasará cuando este registro genere alguna alerta y qué sanciones se aplicarán. “
Creemos que la ley puede tener distintos impactos respecto a la inversión y al mercado de las locaciones inmobiliarias en relación a la forma en que se actualizan los precios”, agregó.
A su turno, Sebastián Nini Zalazar, director de la carrera de Martillero, Corredor Público y Corredor Inmobiliario, aclaró que continúa en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia 320/20 por lo que las contrataciones anteriores a esta nueva modificación de alquiler que comenzó a regir desde el 1 de julio, van a estar vinculadas a las determinaciones del DNU previsto hasta el 30 de septiembre.
“Cada contrato debe dar respuesta a la realidad y a la situación de esa propiedad, de ese locador y también del locatario”, precisó al tiempo que realizó un minucioso y detallado repaso de algunos de los puntos modificatorios de la denominada nueva ley de alquileres.
De este modo, el escribano apuntó a reducir la incertidumbre que generó la reciente regulación al tiempo que se resolvieron las dudas planteadas por los participantes de la charla y que sirvieron de guía para enriquecer el debate.
