Pretenden que el plazo de duración sea de 24 meses, además derogar la indexación del Banco Central y que se haga por acuerdo de partes. Busc...
Pretenden que el plazo de duración sea de 24 meses, además derogar la indexación del Banco Central y que se haga por acuerdo de partes. Buscan sumar mas propiedades, ya que desde que rige la nueva ley un 40% de la oferta que estaba en alquiler se volcó a la venta.
Corredores inmobiliarios impulsaron el ingreso a la Cámara Baja de un proyecto para modificar la Ley de Alquileres, que propone volver al plazo de 2 años en los contratos y desindexar los aumentos, con el objetivo de incrementar la oferta de propiedades que se retrajo en el último año.
"Pedimos modificar dos puntos fundamentalmente: el plazo de duración de los contratos, volver a 24 meses, y derogar la indexación del Banco Central y que se haga por acuerdo de partes, como se hacía antes", dijo a Télam el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad, Armando Pepe.
El proyecto, que ingresó a la Cámara Baja la semana pasada, fue impulsado por el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) y apoyado por los 29 Colegios Inmobiliarios de todo el país, agrupados en Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la Argentina (Cofesi).
Pepe afirmó que la modificación de estos dos aspectos de la Ley de Alquileres, vigente desde julio del año pasado, "haría que vuelvan muchísimas propiedades al mercado" y aseguró que desde que rige la normativa "40% de la oferta que estaba en alquiler se volcó a la venta".
"Que vuelva el 50% de esa cantidad impulsaría la oferta y cuanto más oferta hay los precios no suben más o bajan", aseguró.
El directivo sostuvo que "en 2020 subieron 62% los valores de los alquileres producto de la ley" y consideró que ésta es "totalmente equitativa porque perjudica a todos, es un salto al vacío para el propietario y para el inquilino".
Por su parte, el secretario de Cucicba, Hernán Iradi, señaló que "el plazo de tres años en los alquileres alejó muchísimo a los inversores" y sostuvo que "antes ningún alquiler se aumentaba más que la inflación".
De cara a la posibilidad de que la semana próxima el Gobierno haga anuncios sobre los alquileres tras el fin del congelamiento y la segunda ola de coronavirus, Iradi dijo: "Nosotros pedimos que sea sectorizado, hay que ayudar a las familias complicadas pero no hubo ninguna catarata de juicios, la gran mayoría de los inquilinos cumplió con sus obligaciones".
Por otra parte, desde el Cucicba pidieron una audiencia al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, con el objetivo de proponer algunos instrumentos ya usados, con los que creen que "en pocos meses se puede impulsar el alquiler y la compra venta".
"Uno de los instrumentos ya probados es el Cedin, para blanquear inversión que se destine a la construcción de inmuebles; otro es un plan de construcción de viviendas a nivel nacional libre de impuestos con destino obligatorio de alquiler", señaló el Colegio.
Acordaron trabajo conjunto en tema alquileres
Los ministerios de Desarrollo Territorial y Hábitat y de Justicia y Derechos Humanos suscribieron hoy un convenio para atender a la problemática de los alquileres, en el marco de la implementación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.
Con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas y coordinadas, los secretarios de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, y de Justicia, Juan Martín Mena, firmaron un convenio de colaboración y asistencia técnica.
El vínculo entre los ministerios que conducen Jorge Ferraresi y Martín Ignacio Soria es "clave para atender a los hogares inquilinos que enfrentan dificultades para cumplir con los compromisos de los contratos de locación como consecuencia de las dificultades económicas para atravesar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", sostuvo un comunicado de la cartera de Desarrollo Territorial.
En ese marco, la Secretaría de Justicia implementa procesos de mediación obligatoria y gratuita en distintas instancias que constituyen una política central para buscar acuerdos que impidan los desalojos y dar soluciones a quienes alquilan su vivienda, fortaleciendo la implementación del Protocolo.
Ambas secretarias desarrollarán distintas "instancias de articulación e intercambios de información, así como trabajo conjunto en la ejecución de políticas públicas, asistencia a la ciudadanía, campañas de difusión de derechos y otras acciones que contribuyan a la efectiva implementación del Protocolo".
