Extendió hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de desalojos, el plazo contractual y el congelamiento del precio de los alquileres. Y pr...
Extendió hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de desalojos, el plazo contractual y el congelamiento del precio de los alquileres. Y prolongó el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios Uva para vivienda única hasta el 31 de enero próximo.
El Gobierno oficializó el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, así como la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios ajustados por Unidades de Valor Adquisitivo (Uva), en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
Lo hizo a través de los Decretos 766/2020 y 767/2020 publicados hoy en el Boletín Oficial.
El primero de ellos extendió hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y el congelamiento de los precios de los alquileres.
La norma prorrogó hasta febrero de 2021, el inicio del pago de las deudas por diferencia de precio en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021 para las deudas por falta de pago.
Por otra parte, se extendió la mediación obligatoria por el plazo de 6 meses, a partir del 30 de marzo de 2021, y la suspensión establecida con anterioridad.
Créditos hipotecarios Uva
En tanto, el segundo de los decretos prolongó el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios Uva para vivienda única hasta el 31 de enero próximo, con lo que seguirá vigente el de marzo cuando se dictó la emergencia sanitaria en todo el país.
También dispone suspender las ejecuciones hasta la misma fecha, sean "hipotecarias, judiciales o extrajudiciales". La norma además alcanza a los "lanzamientos ya ordenados" y que no se hubiesen llevado a cabo.
Al mismo tiempo, estableció que las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y deban pagarse entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de julio de 2022 no podrán superar el valor determinado en un esquema de convergencia elaborado por el Poder Ejecutivo.
En tanto, se dispuso que hasta el 31 de julio de 2022, las entidades financieras deberán habilitar una instancia para considerar la situación de aquellos clientes que acrediten que el importe de la cuota a abonar supera el 35% de sus ingresos actuales.
Además, las instó a "contemplar situaciones especiales debidamente acreditadas que deriven en una variación de los deudores/codeudores considerados".
Acumulación de deudas
En otro punto, se fijó que las deudas que pudieren generarse desde el 1 de octubre próximo y hasta el 31 de enero de 2021, originadas en la falta de pago o por pagos realizados fuera de plazo o por pagos parciales, podrán ser convertidas a Uva y refinanciadas a pagar a partir de la finalización del cronograma vigente del préstamo, en cuotas que no podrán superar la cuota original del préstamo.
Por otro lado, estableció que, de aplicarse intereses compensatorios, estos no deberán exceder la tasa de interés del préstamo original.
Finalmente, la norma publicada hoy determinó que las deudas acumuladas previstas en el Decreto 319/2020 podrán ser refinanciadas, y agregó que "las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte deudora".
Fundamentos de los decretos
En los considerandos se señala que "la emergencia sanitaria requirió, por parte del gobierno, la adopción de medidas tendientes a velar por la salud pública, extremando simultáneamente los esfuerzos para coadyuvar a las problemáticas económica y social".
También puntualiza que "la emergencia sanitaria, con sus consecuencias económico-sociales, ha dificultado para una importante cantidad de locatarios y locatarias, la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos suscriptos con anterioridad a la aparición de la pandemia por Covid-19, la cual ha modificado la cotidianeidad y las previsiones de los y las habitantes del país".
Y aseguró que "muchos trabajadores, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios y empresarias, han visto fuertemente afectados sus ingresos desde el inicio de la pandemia, como consecuencia de la merma de la actividad económica".
"La situación descripta puede llevar a que locatarios y locatarias incurran en incumplimientos contractuales, lo que puede desembocar en el desalojo de la vivienda en la cual residen, agravando la compleja situación que atraviesa un vasto sector de la población, y todo ello en el difícil marco de la evolución de la pandemia", advirtió el texto oficial.
Decreto 766/2020
Decreto 767/2020
