Consideran que dilatar la disposición que congela los alquileres sería lapidario para un sector que es clave en el desarrollo económico. Ade...
Consideran que dilatar la disposición que congela los alquileres sería lapidario para un sector que es clave en el desarrollo económico. Además, observan como una contradicción el pedido de extensión del decreto mientras rige la nueva ley de alquileres desde junio pasado.
El sector inmobiliario entró en estado de alerta ante la posible nueva prórroga del decreto que congeló el precio de los alquileres hasta el 31 de enero próximo. Piden que el gobierno nacional los escuche para evitar un mayor desgaste en la relación entre locadores y locatarios.
Desde la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira) se emitió un comunicado en donde consideran que el pedido de algunas asociaciones realizadas al Gobierno Nacional, para que sea prorrogado nuevamente el Decreto de Necesidad y Urgencia (Dnu) 320/20 (marzo 2020) y 766/20 (octubre 2020), "debe abarcar a todos los argentinos involucrados en la problemática y no solo a un sector".
"Mucho más daño se hace, si pretendiendo nivelar la balanza, lo que se logra es desnivelarla más gravemente aún”, afirmaron.
Para Fira, en su momento, el mencionado Dnu resultó oportuno y paliativo para una crisis mundial sin precedentes, pero siempre considerado como una medida temporal, cuyo plazo de vencimiento se establecía en septiembre del 2020 y teniendo como espíritu rector el esfuerzo compartido de las partes para superar una etapa de gran incertidumbre.
Además, destacaron que durante la vigencia del Dnu, se dictó la llamada Ley de Alquileres 27.551, modificando las condiciones de las locaciones en Argentina, siendo esto "celebrado por sus postulantes e impulsores, quienes, también la han considerado necesaria, justa y urgente, y que prácticamente no ha podido ser utilizada, por imperio de estos decretos".
"Llama la atención, por lo anteriormente expresado, que habiendo una nueva normativa que contemple escenarios actuales, se solicite extender por decreto contratos suscriptos con legislación anterior”, expresaron desde la Federación.
En este sentido, sostuvieron que “es tan grave la situación que vive quien con su magro ingreso necesita alquilar donde vivir o ejercer su comercio o profesión, como la de aquellos que con el esfuerzo de su trabajo pudieron lograr un ahorro en ladrillos, o un recurso de ingreso para completar magras jubilaciones, o un ingreso para poder pagar sus propios costos, gastos”.
“El Gobierno debe sostener la seguridad jurídica y las buenas relaciones entre todas las partes”, remarcaron.
“Entendemos que debe trabajarse sobre el verdadero problema social, que es lograr que cada argentino acceda a una vivienda propia, facilitando el camino para ello con financiamientos accesibles y confiables, incentivos de construcción, facilidades para alentar la inversión, seguridad jurídica para no atemorizar al tenedor de capital, ampliación de la oferta de viviendas en alquiler que ayuden a bajar precio y ampliar el mercado y muchas otras propuestas que quienes somos profesionales y conocedores del sector inmobiliario podríamos aportar", expresaron.
Ante esta situación, desde Fira manifestaron que la comunidad profesional inmobiliaria argentina, “ha dedicado gran parte de su trabajo durante todo el 2020, ayudando a contener a las partes, tranquilizar sus inquietudes, llevarles una explicación entendible y darles un marco de negociación justa y equilibrada, para poder así mantener relaciones contractuales sanas y acuerdos de voluntades objetivos".
"A pesar de lo mencionado, estas medidas han impactado directamente en el sector, generando incertidumbre a la inversión inmobiliaria, a la continuidad de los desarrollos constructivos y en la actividad de colegas de todo el País que han cerrado las puertas de sus inmobiliarias o se encuentran al borde de hacerlo", agregaron.
Mas opiniones del sector
Al respecto, Mirta Líbera, presidenta de la Cámara de Inmobiliarias de la provincia de Buenos Aires (Ciba) dijo que "es una contradicción que se extiendan las condiciones de congelamiento de precios mientras rige la nueva ley de alquileres desde junio pasado".
"Ante esa situación, un alto porcentaje ha optado por acordar en forma consensuada entre inquilinos, propietarios y la intermediación de un corredor inmobiliario nuevas condiciones de precios y modalidad de acuerdo a la nueva normativa que rige los contratos de alquiler”, expresó.
“En el sector entendemos que el diálogo es parte de la dinámica de acuerdos. Ya en octubre no era buena la idea de extender el plazo del congelamiento de alquileres, porque advertimos que se iba a producir una disminución de propiedades para el mercado de alquiler y ante menor oferta se elevan los precios, razón por la cual surge la contradicción o efecto búmeran, porque esa acción produce un aumento de los precios y a quienes se quieren ayudar terminan perjudicándolo”, agregó.
En tanto, desde el el Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), hicieron pública su posición contraria a la posibilidad de la extensión del decreto manifestando en un comunicado que ven con preocupación “las diversas medidas oficiales que dificultan el normal funcionamiento del sector, y reafirmamos nuestra postura a favor de la libertad de mercado, la cual fija sus precios en base a la natural concurrencia entre oferta y demanda”.
Y agregaron que “los profesionales inmobiliarios tenemos los conocimientos y la experiencia necesarios para alcanzar una óptima conciliación entre las partes, logrando acuerdos beneficiosos tanto para inquilinos como para propietarios, y estamos ávidos de trabajar en ese sentido, pero necesitamos libertad para hacerlo”.
"Dilatar la disposición que prohíbe los desalojos y congela los alquileres desde marzo del año pasado sería lapidario para un sector que es clave en el desarrollo económico", sentenció Armando Pepe, presidente de la entidad.
Por su parte, Enrique Abatti, Presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, reconoció que la prórroga del congelamiento podría generar efectos colaterales. “Lo único que va a lograr es desalentar la oferta de alquileres tanto para viviendas como para pequeños comercios. Aquellos que se ofrezcan de ahora en más van a aumentar artificialmente los precios de los alquileres, porque la gente se está retirando del mercado locativo”, sostuvo.
A su vez, el letrado insistió en que, en caso de extenderse el decreto, “el inquilino va seguir acumulando deuda”, ya que la normativa no permite “perdonar los alquileres”, por lo que “va a tener que pagarlo acumulado y el inquilino deberá hacerse cargo”.
