El proyecto, impulsado por las organizaciones de inquilinos de todo el país, propone una modificación a la nueva ley de alquileres. La Feder...
El proyecto, impulsado por las organizaciones de inquilinos de todo el país, propone una modificación a la nueva ley de alquileres. La Federación de Inquilinos pidió se extienda hasta marzo de 2021 el DNU que congela los valores de los alquileres y prohíbe desalojos.
Un proyecto de ley para prohibir la celebración de contratos de alquileres de viviendas en dólares fue presentado en la Cámara baja por el diputado nacional Federico Fagioli.
Impulsado por las organizaciones de inquilinos, propone incorporar a la Ley 27.551 un artículo que establezca que "en todos los supuestos, los alquileres se establecerán en moneda de curso legal al momento de concertarse".
Asimismo, la iniciativa indica que "será nula, sin perjuicio de la validez del contrato, la cláusula por la cual se convenga el pago en moneda que no tenga curso legal; en este caso, el precio quedará sujeto a determinación judicial".
El proyecto, propone un cambio a la ley de alquileres que modificó el Código Civil y Comercial de la Nación al plantear en su artículo 16 bis que"En todos los supuestos, los alquileres se establecerán en moneda de curso legal al momento de concertarse. Será nula, sin perjuicio de la validez del contrato, la cláusula por la cual se convenga el pago en moneda que no tenga curso legal. En este caso, el precio quedará sujeto a determinación judicial".
Fundamentos
La iniciativa sostiene que, desde la última dictadura cívico militar, la Argentina entregó la dolarización del negocio de viviendas al mercado inmobiliario, lo que sostiene, incrementó el valor del metro cuadrado, hizo que el sueño de la casa propia sea casi imposible y multiplicó las ganancias de algunos pocos.
"La redacción del artículo que presentamos en este proyecto de ley es recuperado de la ley 23.091 del ex presidente Ricardo Alfonsín. Se planteó en los inicios de la democracia que 'la corrupción se terminaba evitando los pagos o los depósitos en moneda de otro país'. Y el mismo mensaje presidencial, al envío del proyecto de ley al Congreso, refería que 'la tolerancia del régimen civil para fijar la moneda con que los contratos se suscriben debe ser rectificada'. Sin embargo, la nefasta convertibilidad hizo creer que en la Argentina la moneda de curso legal era equivalente al billete que emitía un país extranjero", indica el texto.
Al darle valor legal a una moneda foránea, continúa, los contratos se dolarizaron. Llegada la crisis del 2001, que derribó la ficción del "uno a uno", "todos los intentos por hacer entender que el dólar es una moneda que depende de factores económicos externos han fracasado. La cultura del dólar sigue predominando en la libertad para hacer negocios privados, a costa de sacrificar ahorros en los mejores casos o endeudar cada vez más a las familias".
Por eso, plantea, "hay que volver a enfrentar los problemas sociales ocasionados por las distorsiones del mercado. El Estado tiene que recuperar la palabra y la decisión. Y nosotros tenemos el deber de legislar sobre un asunto tan caro para las millones de familias que firman contratos de locación en la Argentina".
Extensión del congelamiento de los alquileres
En su primera reunión con Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, la Federación de Inquilinos le solicitó que se extienda hasta marzo de 2021 el decreto que congela los valores de los alquileres y prohíbe desalojos.
Se trata del decreto publicado a fines de marzo y con fecha de finalización el 30 de septiembre, que fue luego extendido hasta el 31 de enero.
“Esperamos que no pase lo mismo que la otra vez, que anunciaron la extensión unos días antes de que termine. Pedimos que antes de Navidad haya una definición, porque si no se dan situaciones violentas, de que el inquilino quiere cumplir el decreto y el propietario no, y no hay mediación estatal”, sostuvieron desde la entidad.
Propuestas
Además, desde la Federación le presentaron a Ferraresi un documento con seis propuestas, las cuales el ministro prometió analizar y dar una pronta respuesta. La organización pidió:
● Extensión del decreto 766: ante los riesgos de una oleada de desalojos, pérdidas de empleo o reducción de ingresos, solicitaron la prórroga de la medida para generar más previsibilidad a las familias. Vence el 31 de enero de 2021.
● Reglamentación de los contratos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip): está estipulado en la nueva ley de alquileres.
● Campaña de difusión de la ley de alquileres y el decreto: porque hace que las personas conozcan sus derechos.
● Creación de un organismo de control: en todas las provincias, independiente y con poder de policía para garantizar el cumplimiento de las normas.
● Prohibir la oferta en dólares de los inmuebles: los trabajadores cobran en peso y las construcciones se hacen en pesos. Sin embargo, los inmuebles se cotizan en dólares y eso hace cada vez más difícil el acceso a la vivienda, "alcanzando el canon locativo a más del 50 de nuestros ingresos, según nuestros datos estadísticos".
● Subsidios para la cancelación de los pagos de alquileres atrasados: se trata de una política de desendeudamiento para afrontar el pago por erogaciones atrasadas a causa de la pandemia - y permitidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (Dnu). Pueden ser "una transferencia directa a propietarios de hasta dos casas en alquiler y para inquilinos desocupados o que perciban menos de tres salarios mínimos", según propusieron.
