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La hora del big data ¿vamos hacia sociedades de control y vigilancia?

¿Sacrificarán las democracias occidentales libertad a cambio de seguridad, como hacen los países de Asia? El dilema moral de elegir. La p...

La hora del big data ¿vamos hacia sociedades de control y vigilancia?

¿Sacrificarán las democracias occidentales libertad a cambio de seguridad, como hacen los países de Asia? El dilema moral de elegir.

La propagación del coronavirus a escala planetaria está causando cientos de miles de muertes, además de haber paralizado la economía y alterado por completo la vida de la mayoría de las personas. Nadie sabe cuándo cederá la pandemia ni cuánto tiempo le demandará al mundo recuperarse de ella. De cara al futuro, sin embargo, pocos dudan de que entre las cosas que dejará el virus hay una que debería encender señales de alarma: la expansión de la vigilancia digital masiva .

En las últimas semanas hemos visto cómo muchos países -principalmente asiáticos- desplegaron un arsenal de dispositivos de control digital, ya sea para monitorear el cumplimiento de las reglas de distanciamiento social o para rastrear la propagación del virus. Confían en que el big data ofrece un gran potencial para defenderse de la pandemia.

En este momento, 200 millones de cámaras de reconocimiento facial y miles de drones monitorean la circulación de personas por las calles chinas, donde cada instante de la vida cotidiana está sometido a observación. Los que aterrizan en Hong Kong reciben pulseras de rastreo electrónico que deben sincronizarse con la ubicación de su hogar a través de la señal GPS de su celular. En Corea del Sur, quien se acerca a un edificio en el que estuvo un infectado recibe una señal de alarma.

"Se podría decir que en Asia las epidemias no las combaten solo los virólogos y epidemiólogos , sino sobre todo los informáticos y los especialistas en macrodatos", escribió Byung-Chul Han. "Los apologetas de la vigilancia digital proclamarían que el big data salva vidas", expresó el filósofo surcoreano en una nota en el diario El País. Allí expuso cómo los países asiáticos apelaron a la tecnología de control social para gestionar la crisis desatada por el coronavirus.

En Occidente, mientras tanto, parece haber un gran consenso sobre la necesidad de una mayor vigilancia para proteger a sus propios ciudadanos. De hecho, la principal dificultad que enfrentaron las democracias a la hora de responder a la pandemia es la falta de datos sobre quién está enfermo o es contagioso y quién no. Sin esa información, los gobiernos se vieron forzados a decretar el cierre de sus fronteras y el confinamiento.

En contraste con esas medidas, las herramientas de control habilitadas por la inteligencia artificial se presentan como una solución aparentemente más afín al potencial tecnológico de estos tiempos. Así y todo, a nadie se le escapa que la adopción de estas herramientas no está exenta de riesgos.

No toda vigilancia es intrínsecamente maligna, y las nuevas herramientas tecnológicas están desempeñando un papel destacado en la lucha contra el coronavirus, especialmente ahora que se empiezan a flexibilizar las cuarentenas. Sin embargo, muchos expertos temen que estas medidas de emergencia terminen afectando nuestras libertades individuales y, sobre todo, que no se reviertan una vez que el virus haya quedado atrás. La adopción de estas medidas en plena pandemia, en especial si se elude cualquier discusión o debate público, puede ser un caballo de Troya que luego perpetúe el Estado de excepción.

Yuval Noah Harari advirtió en un artículo publicado en el Financial Times: "Muchas medidas de corto plazo tomadas durante la emergencia se convertirán en parte integral de la vida. Esa es la naturaleza de las emergencias, aceleran los procesos históricos. Decisiones que en tiempos normales llevarían años de deliberación se aprueban en cuestión de horas". El historiador israelí cree que nos enfrentamos al dilema entre vigilancia totalitaria y empoderamiento ciudadano.

¿Estamos cruzando un umbral en el uso de la tecnología? ¿Sacrificarán las democracias occidentales libertad a cambio de seguridad, como hacen los países de Asia? ¿Permitiremos los ciudadanos que nos controlen digitalmente con la promesa de protegernos mejor contra futuras epidemias?

Dos años atrás, Facebook protagonizó la mayor filtración de datos de su historia y fue acusado de compartir sin permiso los perfiles de millones de usuarios a la consultora Cambridge Analytica para influir en las elecciones que dieron a Donald Trump como ganador en Estados Unidos. Ante el virus, esos datos parecieran no tener el mismo valor. De dónde venimos, adónde vamos, con quién estamos, cuál es nuestra temperatura corporal. Todo pareciera estar justificado frente al miedo del contagio.

Tras tomar nota de las ventajas que aporta una vigilancia fuerte a la hora de combatir una pandemia, las democracias en Occidente comenzaron a desarrollar sus propias herramientas para limitar el brote. En algunas provincias de la Argentina, los detenidos por violar la cuarentena se ven obligados a descargar una aplicación que rastrea su ubicación. Este es el caso de Santa Fe, donde la Justicia dispuso que se instalara este software en el celular de quienes son hallados sin permiso en la vía pública, y calificó como delito cualquier intento de "borrar, desinstalar o desactivar" la herramienta.

Pronto llegarán las aplicaciones móviles (las coronapps) para la relajación del confinamiento. Muchos países vienen desarrollando sus propias plataformas para hacer un seguimiento epidemiológico de las personas a través del asesoramiento de diversas empresas.

// Rastrear la huella

Hace unas dos semanas, Apple y Google anunciaron una alianza inédita, tanto por los participantes como por su objetivo: rastrear la expansión del virus de la manera más exacta y precisa hasta ahora, usando nuestros propios teléfonos móviles. En los próximos días lanzarían una plataforma que haría que el 99% de los smartphones del mundo puedan operar estas aplicaciones.

El sistema se basa en el concepto de contact tracing , o rastreo de contactos, un método habitual en casos de brotes epidémicos que se aplicó en 2014 durante la crisis del ébola en África. Pero ahora ya no será solo mediante entrevistas a los pacientes, sino que además los celulares nos avisarán si hemos estado expuestos al virus. ¿Cómo? Informándonos sobre con quién hemos estado, todo a través de la conectividad Bluetooth.

Ante los riesgos asociados al potencial mal uso de los datos recogidos por esta tecnología -que solo podrá ser usada por las autoridades sanitarias de cada país-, Apple y Google introdujeron cambios centrados en garantizar la privacidad y el anonimato de los usuarios.

Se espera que estas aplicaciones, junto con otras medidas, ralenticen o supriman la propagación de la enfermedad. Natalia Zuazo, especialista en política y tecnología, afirma que serán un complemento útil que se incorporará a nuestras vidas, pero advierte que deberemos estar muy atentos. "Sin la adopción de estas aplicaciones, viviríamos en una cuarentena permanente hasta que se halle la vacuna. Sin embargo, hay que advertir que, al mismo tiempo, suponen riesgos".

Marcus Michaelsen, investigador posdoctoral en la Vrije Universiteit Brussel, afirma que un riesgo es que los gobiernos, presionados para encontrar una salida al confinamiento, establezcan sistemas de vigilancia y recopilación de datos que no estén bien planificados y sean difíciles de revertir una vez que el brote esté bajo control. Hay que tener en cuenta, señala, que la sociedad está asustada y anhela volver cuanto antes a la normalidad.

"No es de extrañar que las personas renuncien a su derecho a la privacidad con el fin de controlar la propagación del virus. Muchos aceptarán medidas que luego no podrán anularse fácilmente. El riesgo es ampliar el poder de los gobiernos y las empresas privadas", advierte Michaelsen desde Bruselas.

El experto asegura que varias compañías que trabajaron para agencias de inteligencia o que tienen un historial sombrío de derechos humanos ahora están aprovechando la crisis para expandir sus servicios. Por ejemplo, cita el caso de la controvertida norteamericana Palantir, que ya se aseguró contratos con varios gobiernos. O el NSO Group en Israel, que vendió spyware (un programa para recabar datos de los usuarios sin que estos lo sepan) a gobiernos autoritarios, entre otros Arabia Saudita, como informó The New York Times, y ahora está trabajando en un programa para rastrear portadores de virus y negocia con varios gobiernos.

Muchos señalan el dilema moral que supone elegir entre la salud pública y la privacidad en medio de la pandemia. Según Michaelsen, se trata de una "falsa dicotomía". Alude a lo que sucedió luego de los atentados a las Torres Gemelas, cuando distintos gobiernos comenzaron a recopilar grandes bases de datos de los ciudadanos con la excusa de garantizar mayor seguridad ante posibles nuevos ataques. "Corremos el riesgo de establecer infraestructuras de vigilancia sin ninguna supervisión pública", alerta el experto.

// Mas allá de la emergencia

Erik Baekkeskov, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Melbourne, destaca dos factores que podrían servir al poder político para acrecentar su injerencia después de la pandemia. "La necesidad de responder al coronavirus ofrece una oportunidad para que los líderes puedan promulgar políticas que normalmente no podrían aprobarse tan fácilmente", advierte el experto desde Australia.

El otro factor es la institucionalización, que permite que tales políticas se mantengan vigentes después de que los problemas para los que fueron desarrolladas hayan desaparecido: "Una vez que hay nuevas formas de hacer las cosas, estas nuevas reglas pueden ser difíciles de cambiar o eliminar, a menos que haya cláusulas de expiración explícitas".

Tener la capacidad de rastrear por dónde nos movemos y nuestros encuentros representa una seria tentación para los que mandan, dice el experto. ¿Qué garantías hay contra esto? "En las democracias, la principal garantía contra el abuso de información es la ley", dice Baekkeskov, y cita el caso de la Unión Europea, donde sus miembros han implementado límites legales estrictos sobre la recopilación y uso de datos individuales. "Aun así, debemos recordar que las excepciones a ciertos derechos constitucionales se vuelven permanentes", señala.

Allie Funk, investigadora en Freedom House, un ONG con sede en Washington que vela por la democracia y las libertades políticas, destaca que estas nuevas herramientas reúnen información altamente personal que puede ser mal utilizada o explotada en democracias y autocracias por igual.

"Sin salvaguardas significativas, estos programas podrían conducir a una expansión a largo plazo del estado de vigilancia", advierte Funk, en relación con los posibles impactos discriminatorios y efectos nocivos que entraña la tecnología adoptada por los gobiernos ante la pandemia. "La vigilancia desproporcionada no resolverá esta pandemia", apunta Funk, politóloga, vía mail desde Nueva York.

Consultada sobre los posibles impactos nocivos de la ampliación del estado de vigilancia, responde: "A largo plazo, las intrusiones a la privacidad podrían normalizarse y, al mismo tiempo, crear estructuras de control que luego pueden usarse para diversas formas de represión política y social".

Por ejemplo, las autoridades podrán recopilar información sensible sobre sus ciudadanos con el pretexto de contrarrestar el brote solo para usarlo para dispersar protestas, localizar periodistas o identificar personas para deportarlas. Las entidades privadas como las compañías de seguros o las agencias de publicidad también pueden tratar de explotar dichos datos para sus propios fines comerciales.

Ante los riesgos que entraña la ampliación de la vigilancia digital, muchos se preguntan si es posible compatibilizar estrategias de control basadas en la tecnología con los principios democráticos. ¿Es posible pensar en un modelo de vigilancia democrática?

// Supervisión independiente

Los expertos consultados afirman que la clave a la hora de evaluar la idoneidad de estas medidas es determinar si son realmente necesarias y proporcionadas para enfrentar la propagación del virus, si están sujetas a supervisión pública y si pueden revertirse una vez que la pandemia haya terminado.

"Los programas de vigilancia deberían tener una supervisión sólida e independiente que pueda determinar qué tipo de datos se recopilan, quién los administra y cómo se utilizan", dice Funk. Señala que la confianza pública es un elemento clave. De ahí la importancia de garantizar la transparencia de estos programas, que deberían estar explícitamente limitados en su duración.

"Sin garantías significativas, estos dispositivos podrían conducir a una expansión a largo plazo del estado de vigilancia", apunta Funk.

A principios de abril, más de un centenar de ONG, entre ellas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, alertaron sobre el uso creciente de la vigilancia digital para frenar el coronavirus y subrayaron la necesidad de que estas tecnologías respeten los derechos humanos.

"Los Estados no pueden simplemente ignorar derechos como la privacidad y la libertad de expresión en nombre de la respuesta a una crisis de salud pública", afirmaba la declaración conjunta. También alentaron a que cualquier programa de vigilancia usado para el Covid-19 sea proporcionado, limitado en el tiempo, y que haya mecanismos de rendición de cuentas y garantías para que los datos no sean utilizados contra minorías o colectivos marginados.

// La hora de las grandes tecnológicas

La llegada de la pandemia se dio en momentos en que las grandes compañías tecnológicas venían protagonizando una serie de escándalos públicos y eran blanco de importantes denuncias sobre espionaje y filtración masiva de datos. La acumulación de estos incidentes, que mostraron cómo ciertas empresas privadas aprovechaban plataformas masivas para obtener datos de usuarios con fines electorales (como el caso de Facebook y Cambridge Analytica, destapado en 2018), fue minando la confianza pública sobre estas empresas.

Estos antecedentes propiciaron una fuerte reacción negativa contra la prepotencia de una industria que parecía no tener límites. Sin embargo, la llegada del coronavirus podría marcar un vuelco de esa tendencia. Empresas como Google o Facebook, entre otras conocidas por sus prácticas de explotación de datos, estarían aprovechando la oportunidad para involucrarse en proyectos que buscan combatir la pandemia, ofreciendo una ayuda particularmente valiosa.

"En vistas del estado de crisis y excepción sanitaria que hoy nos toca vivir, las cosas podrían volver atrás", dice Natalia Zuazo. Para la autora de Guerras de Internet , la pandemia provocará un nuevo escenario que favorecerá la relación entre tecnología y vigilancia.

El investigador belga Marcus Michaelsen no esconde su preocupación cuando afirma que el coronavirus seguramente fortalezca aún más a las compañías tecnológicas. De hecho, ya existe una gran dependencia de estas empresas, cuyos modelos de negocio se basan en la recopilación de datos: "La situación actual brinda a estas empresas la oportunidad de ampliar su modelo de negocio al sector de la salud y así acceder a más datos, extendiendo su ya enorme influencia", dice Michaelsen, para quien esto podría perpetuar las enormes desigualdades que caracterizan nuestras infraestructuras de datos.

La psicóloga social estadounidense Shoshana Zuboff, autora del libro La era del capitalismo de vigilancia , de reciente publicación, advierte sobre una nueva forma de inequidad, la "desigualdad epistémica". El mejor ejemplo de esto es la abismal diferencia entre lo poco que sabemos sobre estas empresas y todo lo que ellas saben de nosotros.

En una charla virtual realizada días atrás bajo el título "Covid-1984" -en alusión a la novela distópica de George Orwell-, Zuboff recordó que el siglo XXI fue concebido como el inicio de una era de democratización del conocimiento, una etapa de oro para la democracia digital.

"En cambio -alertó- creamos un capitalismo de vigilancia que se mueve en la dirección opuesta y está en un curso de colisión contra la democracia", alerta la académica. "Nuestro mayor desafío no es tecnológico, sino institucional: tenemos que crear la legislación que pueda interrumpir y proscribir la lógica que hizo posible esta inequidad. La tecnología digital es lo que la democracia quiere que sea. Este desafío institucional es nuestro trabajo ahora".

Por Guillermo Borella.
Periodista.
Licenciado en Relaciones Internacionales.
Espacio disponible

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