Para los profesionales que ejercen el corretaje público inmobiliario la pandemia también significó un enorme impacto económico. Alertaron so...
Para los profesionales que ejercen el corretaje público inmobiliario la pandemia también significó un enorme impacto económico. Alertaron sobre los eventuales abusos en los que pueden incurrir muchos inquilinos, afectando el patrimonio de los propietarios.
El Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos (Cpmcp) de la Provincia de Córdoba emitió un comunicado en el que rechazó la prórroga del Decreto de Necesidad y Urgencia (Dnu) 320/2020, que frenó los aumentos de alquileres y de créditos hipotecarios y prendarios.
Aseguraron también que no hace mas que agravar la difícil situación por la que atraviesa el sector inmobiliario, "sin implicar como contrapartida beneficios sustanciales en el contexto de la emergencia por la pandemia del Covid-19".
“Diez meses han transcurrido desde la entrada en vigencia del mencionado Dnu, por lo que el Colegio considera que toda utilidad que pueda haber generado ya está agotada y que es tiempo de retomar la actividad normal en el rubro, permitiendo la libre vigencia de los contratos de locación", sostuvieron.
Asimismo, "la pandemia también significó un enorme impacto para los profesionales que ejercen el corretaje público inmobiliario, quienes debieron sortear los difíciles meses del año pasado sin ser tenidas en cuenta sus opiniones y con riesgo cierto de pérdida de la fuente laboral”, precisaron.
En el comunicado, explicaron también que la prórroga del Dnu 320/2020 implicará, “lisa y llanamente, la continuidad de una medida que perjudica a un gran número de personas que fueron llamadas a aportar su granito de arena en medio de la emergencia creada por el Covid-19, pero que al mismo tiempo no recibió ni siquiera algún tipo de exención impositiva”.
"Esto conlleva la profundización de una situación de asimetría en las cargas que deben asumir los distintos sectores y la consecuente afectación del bienestar de miles y miles de personas", afirmaron.
Debido a que el referido Dnu puso en suspenso los alquileres, los profesionales que ejercen el corretaje público inmobiliario, al no renovarse los contratos, no pueden cobrar los honorarios de las propiedades que administran.
“Queda en evidencia, entonces, que la profesión de Martillero Corredor Público se ve muy afectada por esta coyuntura, sin que sea menor el tema de los eventuales abusos en los que pueden incurrir muchos inquilinos, afectando el patrimonio de los propietarios”, enfatizaron.
Si bien reconocieron que la situación actual afecta de modo directo tanto a inquilinos, propietarios y profesionales especializados en el corretaje público de bienes inmuebles, proponen que las autoridades evalúen en conjunto las dificultades del sector "como única forma de abrir una salida viable en el corto plazo para todos los involucrados".
En tal sentido, consideraron que un primer paso fundamental para lograr tal objetivo es que "el Gobierno Nacional escuche a los representantes del sector inmobiliario y tenga en cuenta sus inquietudes a la hora de adoptar medidas de alto impacto y de dilatada duración".
La entidad profesional recordó también el efecto negativo de la nueva Ley de Alquileres, tanto para el locatario como para el locador. “Como se sabe, el propietario debe hacerse cargo de los impuestos, que cada vez llegan con más aumentos, lo cual incrementa los costos e indirectamente termina por afectar también al inquilino, ya que esta situación lleva a una suba indiscriminada en los alquileres”, cerraron.
