Consorcio prohíbe el acceso a médicos con consultorios en el edificio
"Es mas factible contagiarse yendo a la panadería que adentro del edificio”, señaló uno de los 20 médicos perjudicados por la medida.
La administración dió la orden por escrito al encargado de seguridad. La medida, aplicada en un edificio de Caballito, impide la atención a afiliados del Pami, entre otros. Sólo admiten el ingreso a odontólogos y sus pacientes, que deben acreditar ante la administración "nombre y apellido del profesional interviniente, día y hora del tratamiento".
Un consorcio de Caballito prohibió el ingreso de médicos al edificio en el que tienen consultorio más de veinte profesionales, y resolvió permitir solamente que continúen entrando “odontólogos y sus correspondientes ayudantes y pacientes que deban hacer tratamientos de urgencia”.
La indicación, que estipula que “queda terminante prohibido el ingreso y circularización de cualquier otra especialidad”, fue dejada por escrito al encargado de seguridad del edificio -apto profesional-, quien desde el jueves impide el acceso a médicas y médicos de diferentes especialidades que atienden en el lugar, ubicado a pocos metros de Rivadavia y Acoyte, en la ciudad de Buenos Aires.
“No habían comunicado nada, nos enteramos por la seguridad del edificio que impedía la entrada. Le pasó a colegas que no pudieron pasar”, detalló a este diario el infectólogo Rubén Solari, jefe de sala del Hospital Muñiz que, en su consulta privada, es médico de cabecera para afiliados de Pami.
Solari ya comunicó la situación a la Asociación de Médicos Municipales, que ya formalizó denuncias por situaciones similares en distintos edificios de la Ciudad de Buenos Aires. Según pudo saber el médico, “parte del consorcio no está de acuerdo con la medida, pero otra parte, que son adultos mayores que están en el consejo de administración, sí”.
“Yo soy jefe de una sala de covid en el Hospital Muñiz, tengo todos los conocimientos de cómo se tiene que actuar en protección personal y al personal para esto. No voy a dejar que pase algo. Estoy especialmente fijándome en eso, y la verdad que, como le dije a la administradora, es mas factible contagiarse yendo a la panadería que adentro del edificio”, señaló el médico.
La nota de la administradora del consorcio dirigida al encargado de seguridad asegura que “se deberán cumplir y hacer cumplir las normas emanadas del Poder Ejecutivo Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Añade que “según la legislación vigente (…) sólo se permitirá el ingreso al edificio de los propietarios e inquilinos que habiten el edificio, personal de mantenimiento propio del edificio y externo acompañado por personal del edificio”.
En ese sentido, detalla que “solo podrán ingresar odontólogos y sus correspondientes ayudantes y pacientes que deban hacer tratamientos de urgencia”. Todos ellos deben dejar acreditar "nombre y apellido del profesional interviniente, día y hora del tratamiento” y hacer “llegar a esta administración” toda esa información privada.
Además, detalla, “queda terminante prohibido el ingreso y circularización de cualquier otra especialidad que no sea la antes dicha, y para lo que adjunto normativa expresa de los gobiernos nacional y de ciudad. Los consultorios de otras especialidades no están autorizados por ahora”.
La administración “dice que se basa en normativas del Gobierno nacional porque entre las últimas excepciones habilitadas durante el aislamiento hay un inciso, el 5, que habla sobre atención médica. Pero ese inciso se refiere a atención médica y odontológica programada para enfermedades crónicas con turnos previos tomados”, advirtió el médico Solari en diálogo con este diario.
“Nosotros atendemos con turnos previos, no hay urgencias ni personas que llegan a atenderse sin turno previo y por supuesto que se atiende con todos los recaudos necesarios de distancia de media hora entre turno y turno, tapabocas y todos los cuidados desde que comenzó la cuarentena”, añadió el especialista.
Como médico de cabecera de afiliados del Pami, por otra parte, añade, nunca dejó de atender. “Desde un principio, Pami nos obligó a continuar la atención porque siendo los adultos mayores la población más vulnerable frente a esto que está pasando y frente a ansiedades y necesidades de los afiliados, nos dijo que no podíamos dejar de atender, que teníamos que seguir con los recaudos necesarios”, explicó.
En ese consultorio, por ejemplo, este médico en particular tiene una capita de 1.200 pacientes, de los cuales cada mes ve, aproximadamente, al 35 por ciento del padrón. “En estos últimos 40 las consultas bajaron muchísimo, porque los afiliados no salen a la calle. Estamos atendiendo mucho menos: ahora, cada vez que voy al consultorio, atiendo al 10 por ciento de la cantidad que atendía antes”, estima Solari.
Los médicos al servicio de Pami, como los de otras coberturas, siguieron atendiendo a sus pacientes, en muchos casos también por correo electrónico o whatsapp, “pero hay afiliados que no tienen correo ni WhatsApp ni hijos que les vayan a retirar nada, y entonces se tienen que movilizar hasta el consultorio”.
Un porcentaje de los pacientes deben ir, necesariamente, al consultorio. “La normativa del Gobierno dice claramente que se puede seguir atendiendo a quienes tienen enfermedades crónicas. Sino, porque no tienen covid-19 estaríamos dejando abandonados a los hipertensos, a los anticoagulados, a los que reciben tratamiento oncológico, a los que tienen diabetes, por ejemplo. Pero hay que seguir atendiéndolos. No es que de repente hay una epidemia de salud”, advirtió Solari.
// Denuncia e investigación en curso
La Unidad Fiscal de Investigación especializada en delitos contra el Pami formuló una denuncia por el caso. La denuncia fue formulada por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, titular de la Ufi Pami, y recayó en la Fiscalía Federal Nro 7, de Comodoro Py.
Fuentes de las fiscalías señalaron al diario Página12 que en los próximos días se tomarán distintas medidas de prueba “a los efectos de que se investigue la conducta de los responsables de la administración del Consorcio de copropietarios”.
“Considero que los sucesos descriptos y atribuidos a los responsables de la Administración del Consorcio de copropietarios mencionado se encontrarían incursos en el delito previsto en el artículo 149 del Código Penal”, detalló en la presentación Arzubi Calvo.
Para el fiscal, lo sucedido encuadraría en la tipificación según la cual constituye delito hacer “uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”. La figura "a su vez se ve agravada cuando las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo”.
Un consorcio de Caballito prohibió el ingreso de médicos al edificio en el que tienen consultorio más de veinte profesionales, y resolvió permitir solamente que continúen entrando “odontólogos y sus correspondientes ayudantes y pacientes que deban hacer tratamientos de urgencia”.
La indicación, que estipula que “queda terminante prohibido el ingreso y circularización de cualquier otra especialidad”, fue dejada por escrito al encargado de seguridad del edificio -apto profesional-, quien desde el jueves impide el acceso a médicas y médicos de diferentes especialidades que atienden en el lugar, ubicado a pocos metros de Rivadavia y Acoyte, en la ciudad de Buenos Aires.
“No habían comunicado nada, nos enteramos por la seguridad del edificio que impedía la entrada. Le pasó a colegas que no pudieron pasar”, detalló a este diario el infectólogo Rubén Solari, jefe de sala del Hospital Muñiz que, en su consulta privada, es médico de cabecera para afiliados de Pami.
Solari ya comunicó la situación a la Asociación de Médicos Municipales, que ya formalizó denuncias por situaciones similares en distintos edificios de la Ciudad de Buenos Aires. Según pudo saber el médico, “parte del consorcio no está de acuerdo con la medida, pero otra parte, que son adultos mayores que están en el consejo de administración, sí”.
“Yo soy jefe de una sala de covid en el Hospital Muñiz, tengo todos los conocimientos de cómo se tiene que actuar en protección personal y al personal para esto. No voy a dejar que pase algo. Estoy especialmente fijándome en eso, y la verdad que, como le dije a la administradora, es mas factible contagiarse yendo a la panadería que adentro del edificio”, señaló el médico.
La nota de la administradora del consorcio dirigida al encargado de seguridad asegura que “se deberán cumplir y hacer cumplir las normas emanadas del Poder Ejecutivo Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. Añade que “según la legislación vigente (…) sólo se permitirá el ingreso al edificio de los propietarios e inquilinos que habiten el edificio, personal de mantenimiento propio del edificio y externo acompañado por personal del edificio”.
En ese sentido, detalla que “solo podrán ingresar odontólogos y sus correspondientes ayudantes y pacientes que deban hacer tratamientos de urgencia”. Todos ellos deben dejar acreditar "nombre y apellido del profesional interviniente, día y hora del tratamiento” y hacer “llegar a esta administración” toda esa información privada.
Además, detalla, “queda terminante prohibido el ingreso y circularización de cualquier otra especialidad que no sea la antes dicha, y para lo que adjunto normativa expresa de los gobiernos nacional y de ciudad. Los consultorios de otras especialidades no están autorizados por ahora”.
La administración “dice que se basa en normativas del Gobierno nacional porque entre las últimas excepciones habilitadas durante el aislamiento hay un inciso, el 5, que habla sobre atención médica. Pero ese inciso se refiere a atención médica y odontológica programada para enfermedades crónicas con turnos previos tomados”, advirtió el médico Solari en diálogo con este diario.
“Nosotros atendemos con turnos previos, no hay urgencias ni personas que llegan a atenderse sin turno previo y por supuesto que se atiende con todos los recaudos necesarios de distancia de media hora entre turno y turno, tapabocas y todos los cuidados desde que comenzó la cuarentena”, añadió el especialista.
Como médico de cabecera de afiliados del Pami, por otra parte, añade, nunca dejó de atender. “Desde un principio, Pami nos obligó a continuar la atención porque siendo los adultos mayores la población más vulnerable frente a esto que está pasando y frente a ansiedades y necesidades de los afiliados, nos dijo que no podíamos dejar de atender, que teníamos que seguir con los recaudos necesarios”, explicó.
En ese consultorio, por ejemplo, este médico en particular tiene una capita de 1.200 pacientes, de los cuales cada mes ve, aproximadamente, al 35 por ciento del padrón. “En estos últimos 40 las consultas bajaron muchísimo, porque los afiliados no salen a la calle. Estamos atendiendo mucho menos: ahora, cada vez que voy al consultorio, atiendo al 10 por ciento de la cantidad que atendía antes”, estima Solari.
Los médicos al servicio de Pami, como los de otras coberturas, siguieron atendiendo a sus pacientes, en muchos casos también por correo electrónico o whatsapp, “pero hay afiliados que no tienen correo ni WhatsApp ni hijos que les vayan a retirar nada, y entonces se tienen que movilizar hasta el consultorio”.
Un porcentaje de los pacientes deben ir, necesariamente, al consultorio. “La normativa del Gobierno dice claramente que se puede seguir atendiendo a quienes tienen enfermedades crónicas. Sino, porque no tienen covid-19 estaríamos dejando abandonados a los hipertensos, a los anticoagulados, a los que reciben tratamiento oncológico, a los que tienen diabetes, por ejemplo. Pero hay que seguir atendiéndolos. No es que de repente hay una epidemia de salud”, advirtió Solari.
// Denuncia e investigación en curso
La Unidad Fiscal de Investigación especializada en delitos contra el Pami formuló una denuncia por el caso. La denuncia fue formulada por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, titular de la Ufi Pami, y recayó en la Fiscalía Federal Nro 7, de Comodoro Py.
Fuentes de las fiscalías señalaron al diario Página12 que en los próximos días se tomarán distintas medidas de prueba “a los efectos de que se investigue la conducta de los responsables de la administración del Consorcio de copropietarios”.
“Considero que los sucesos descriptos y atribuidos a los responsables de la Administración del Consorcio de copropietarios mencionado se encontrarían incursos en el delito previsto en el artículo 149 del Código Penal”, detalló en la presentación Arzubi Calvo.
Para el fiscal, lo sucedido encuadraría en la tipificación según la cual constituye delito hacer “uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”. La figura "a su vez se ve agravada cuando las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo”.
